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(Artículo publicado originalmente en la web de Revo)
Por Neus Casajuana
El Parlamento de Baleares acaba de aprobar una Iniciativa Legislativa Popular muy relevante por las consecuencias que puede tener en la política balear si se aplica correctamente. Se trata de la ley para el Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras cuyo objetivo es implantar en los procesos de decisión política, la obligatoriedad de evaluar el impacto potencial y las repercusiones positivas o negativas sobre el bienestar ecológico, económico y social de las generaciones presentes y futuras. Esta ley será de aplicación a las nuevas normativas, planes, estrategias o inversiones.
Aunque sorprenda, la valoración de los impactos de las políticas públicas no suele efectuarse de forma generalizada en nuestro país y, en los casos que se lleva a cabo algún análisis de este estilo, como el análisis de costes y beneficios, por evaluar la oportunidad de alguna inversión con dinero público o para valorar las prioridades cuando el dinero no llega para todas las necesidades, muchas veces sucede que en estos análisis, los impactos en el sector económico pesan mucho más que los impactos en otros sectores de mayor difícil valoración, ya sea porque son impactos difíciles de medir en unidades monetarias, como cuando se debe valorar el impacto en el bienestar de las personas con un componente subjetivo importante (ej. el impacto del ruido debido al tráfico) o porque, debido a la complejidad de cálculo o al desconocimiento de las consecuencias a largo plazo, no se valoran suficientemente correctamente estos impactos. Esto ocurre, por ejemplo, en el terreno ambiental y climático. El resultado de estas deficiencias salta a la vista. La crisis climática y la pérdida de diversidad que están poniendo en juego nuestra propia supervivencia se deben a esta carencia en el estudio y la previsión de los impactos negativos de la actividad humana.
El hecho de que la valoración de los impactos sea complicada no exime de la necesidad de su determinación. De hecho, hay algunos países que llevan tiempo aplicando esta obligatoriedad de evaluación de las políticas públicas. Algunos ya tienen bastante experiencia en valorar impactos subjetivos o cualitativos porque llevan años investigando y recogiendo información sobre estas cuestiones. El ejemplo más conocido es el de Nueva Zelanda que se atreve ya a efectuar los “presupuestos del bienestar” estatales según estos criterios de evaluación de los impactos previstos de las actuaciones de los distintos ministerios.
Otros países que no están tan avanzados en estos cálculos para poder traducir los impactos cualitativos y subjetivos de todo tipo en un valor numérico, optan por realizar una valoración cualitativa. La más sencilla es la compilación de los impactos positivos o negativos esperados de las actuaciones de cada ministerio sobre el resto de ministerios de los ámbitos sociales, personales, ambientales, económicos, de salud… El mero hecho de tener en cuenta estos impactos, ya ayuda a poder valorar qué actuaciones serán más beneficiosas para el conjunto de la sociedad y cuáles no. Canadá es uno de esos países en los que la evaluación de las políticas se aplica de esta forma. Pero no es el único. Seguro que muchos habrán oído hablar del Índice de felicidad que calcula un país tan remoto como Bután. Ellos también aplican su tabla cualitativa de impactos de las políticas sectoriales sobre la felicidad de su población.
Por último, me gustaría hablar del caso de Gales que en 2015 aprobó la ley de Bienestar de las Generaciones Futuras, con la que se creaba la figura del comisionado de las Generaciones Futuras, organismo que vela que las decisiones políticas del gobierno no tengan repercusiones negativas para el bienestar de las generaciones futuras, de forma similar a la norma de Baleares. Dado que esta norma del País de Gales tiene ya varios años, se empieza a saber si ha tenido algún resultado destacado. Uno de los ejemplos que ya conocemos de la aplicación de esta ley es que el gobierno decidió no construir un eje viario que se había planeado, porque los impactos negativos pesaban más que los positivos. Seguro que la decisión fue polémica, pero si queremos hacer frente a la emergencia climática y a la crisis ambiental deberíamos esperar más decisiones difíciles y polémicas también en nuestro país. Imaginemos si no, cómo valorar algunas propuestas políticas como la ampliación del aeropuerto de BCN, o de algunas autovías y otras inversiones ligadas a los combustibles fósiles. Siempre se defienden en voz muy alta los beneficios que conllevarían en los sectores del trabajo y de los negocios, pero la crítica por los impactos negativos en la diversidad y, sobre todo, en el clima que ya nos afecta, se ve casi silenciada.
No es de extrañar que una comunidad tan tensada por la presión turística como Baleares haya sido la primera en aprobar la obligación de evaluar los impactos de las decisiones políticas. Esperamos que otras comunidades también emprendan el mismo camino y que pronto también haya una ley en nuestro país que nos proteja de las malas decisiones de los gobiernos no sólo a nosotros, sino también, a las generaciones que todavía no tienen voz, pero que sufrirán sus consecuencias.
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Foto de portada cortesía de Gratisography
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