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Necesitamos evaluar los impactos de las políticas públicas, para priorizar las inversiones con mayor retorno económico, social y ambiental

Tags: government, policy
Published on March 26, 2023

(Artículo publicado en la web de Revo)

La necesidad de encontrar mayorías para aprobar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña ha llevado a los titulares las exigencias del PSC y JxC para aprobarlos: inversiones para la ampliación del aeropuerto de Barcelona, el Hard Rock y la Ronda Norte. Las tres infraestructuras con un largo recorrido de protestas ciudadanas, con un fuerte impacto medioambiental y, lo más importante, las tres infraestructuras podrían quedar obsoletas en pocos años, con el desperdicio del dinero público que ello conlleva. Priorizar inversiones para proyectos tan ligados a los combustibles fósiles y tan asociados a un modelo de desarrollo que claramente choca con las actuaciones necesariamente urgentes contra el cambio climático, nos indica la poca visión de futuro que algunos partidos políticos están teniendo.

Científicos y expertos en la emergencia climática, en biodiversidad y en economía ecológica llevan mucho tiempo alertándonos de que son necesarios cambios profundos en el modelo de consumo y producción para garantizar unas condiciones aceptables para la humanidad en el planeta tierra. Pero esta reiterada alerta no se traduce, de momento, en un debate de nuestra clase política sobre cómo orientar un modelo económico verdaderamente sostenible y de cómo priorizar las inversiones públicas para construir la sociedad del futuro.

En el proyecto de Hard Rock, además de las implicaciones ambientales relacionadas con la intensificación del modelo turístico de masas con la creación de nuevos hoteles, la intensificación del consumo de agua y de una movilidad basada en los vuelos baratos y las nuevas conexiones viarias , se suma el modelo de ocio con la creación de un complejo lúdico donde se prevén seis casinos con 1.300 máquinas tragaperras.

Lo curioso es que todos estos proyectos siempre se reivindican como los pilares para la creación de nuevos puestos de trabajo y para la mejora del desarrollo del país. La conjunción de estas dos palabras “desarrollo y nuevos puestos de trabajo” es tan poderosa que actúa como un hechizo destinado a primar la voz de la empresa y los negocios por encima de cualquier otro argumento de carácter ambiental, cultural o social. El trabajo es, nadie lo niega, una necesidad esencial para la sostenibilidad económica actual, pero no es más esencial que el resto de necesidades básicas sociales, ambientales o climáticas que afectan a la sostenibilidad ambiental además de la económica y a la sociedad futura más de la actual. Estas inversiones tan “irrenunciables” y “vitales” nos conducen peligrosamente a “renunciar” a un futuro “vital” a medio y largo plazo.

El hecho de que estos proyectos obsoletos sean reivindicados periódicamente por algún sector político o empresarial y que, de forma reiterada, sean contestados por amplios sectores sociales sin poder pasar hoja definitivamente, es una clara demostración de que no nos hemos preparado para empezar un diálogo social amplio sobre las necesidades y prioridades de nuestra sociedad a largo plazo, a pesar de la urgencia.

¿Cómo abordar esta confrontación entre visiones casi opuestas con un debate inteligente? ¿Cómo llegar a consensuar propuestas de futuro que superen el corto plazo de los 4-8 años de los mandatos políticos habituales?

Propongo una forma de enfocar los complejos debates sobre la idoneidad de las inversiones y políticas públicas, aprovechando metodologías y experiencias que ya han demostrado su utilidad. Me refiero, por un lado, a los métodos de debate informado y representativo de la ciudadanía que democratizan y enriquecen la toma de decisiones. Ejemplos encontramos en la ciudad de Barcelona que acaba de celebrar la Asamblea Ciudadana por el Clima, en Cataluña que la celebrará en unos meses, en España o en Bruselas que ha aprobado la constitución de una Asamblea Ciudadana de carácter permanente.

Necesitamos, por otra parte, información de calidad para aportar estos debates. Una de las carencias detectadas es la poca información sobre la idoneidad de las inversiones y sobre la optimización del gasto público. Países como Nueva Zelanda o Canadá, que se mueven en la órbita de la Wellbeing Economy, traducida al español como Economía del Bien-Estar, nos demuestran que existe forma y método para dar este tipo de información. El método se inicia requiriendo a los políticos responsables de los diferentes sectores que, a la hora de formular sus propuestas de actuación, nombren y valoren los impactos de estas acciones políticas en el resto de sectores económicos, sociales y ambientales, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones complejas y conseguir acuerdos sociales basados en un debate informado.

Valorar los impactos positivos y negativos de las actuaciones políticas en todos los sectores, requiere una preparación técnica de la administración que se va a exigir cada vez más. Una señal de esta tendencia es la aprobación el pasado mes de diciembre de la Ley estatal 27/2022 de evaluación de políticas públicas.

Aunque la administración por ahora no esté preparada para asumir este tipo de estudios, puede empezar con un ejercicio tan sencillo como es el de nombrar y listar los impactos de cada actuación política en el resto de sectores. El simple hecho de nombrar estos impactos es ya un gran paso. Pongo un ejemplo para demostrarlo: durante todos los debates y declaraciones sobre la ampliación del aeropuerto de BCN, algunos políticos, pero también algunos medios de comunicación, siempre acaban explicando el impacto ambiental de este proyecto centrándolo en el ecosistema del estanque de la Ricarda, pero raramente hacen referencia al impacto climático, como si éste fuera un impacto secundario. Nadie puede pensar que ese detalle es un descuido. La razón es clara: obviando la palabra, se pretende rehuir el debate que claramente es incontestable. Para evitar estos “descuidos” debemos exigir a los responsables políticos que tengan en cuenta todos los impactos esperados de la implantación de sus políticas, poniendo nombre a las cosas y que abran una mesa de debate amplia entre todos los sectores sociales para poder pasar página definitivamente de los proyectos que ya han quedado obsoletos y empezar a escribir entre todos la hoja de ruta de la Cataluña del siglo XXI.

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